El presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado este martes “el importantísimo protagonismo y papel de este Consejo en los procesos de gobernanza local”, recordando que viene recogiendo “la voz unánime del municipalismo andaluz desde hace ya más de diez años, siendo pieza indispensable para lograr una relación equilibrada entre la Administración autonómica y la Administración local en el ejercicio de sus respectivas competencias en interés de la ciudadanía.”

Rodríguez Villalobos ha recordado que el Consejo encuentra su encaje jurídico-institucional en el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA), desarrollado por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), como Ley de mayoría cualificada, que estableció de forma expresa y pionera en España un Régimen Local andaluz específico y propio, que ha sido modélico y tomado como ejemplo y referencia en otras Comunidades Autónomas. La LAULA en su artículo 57 creó igualmente, y también de forma muy novedosa, el CAGL, siendo referente para el resto de España.

Rodríguez Villalobos ha valorado que estos “importantes logros deben ser recordados y valorados como seña de identidad propia de Andalucía, siendo así motivo de orgullo tanto para la FAMP y los Gobiernos Locales andaluces, como para el propio Parlamento y el Ejecutivo andaluz”, que posibilitaron disponer en nuestro Ordenamiento autonómico de este marco jurídico de alto nivel jerárquico que refuerza el significado de la acción política que despliegan los Ayuntamientos, Diputaciones y demás entidades locales andaluzas, como administraciones más cercanas a la ciudadanía. En este sentido, ha abundado que “con ello se garantiza la ejecución de políticas locales y prestación de servicios básicos de forma homogénea, y a la vez diversa, adaptando el ejercicio de competencias a las peculiaridades de cada comunidad local y llegando a la ciudadanía de nuestros municipios”.

El Consejo, por tanto, viene funcionando y desarrollando las funciones que le otorgó la LAULA desde 2010. Y una de esas funciones, la más fundamental, es la de “ser oído” en la tramitación de “todo proyecto normativo” autonómico que pueda afectar a las competencias e intereses de la Administración Local, mediante la emisión de su “Informe preceptivo” de cada proyecto de Ley, Decreto, Orden y otras tipologías normativas que en los diversos sectores se elaboran y proponen por las correspondientes Consejerías de la Junta de Andalucía.

En dicho Informe se hacen las alegaciones (observaciones y reivindicaciones) que ponen de manifiesto los Gobiernos locales tras revisar el contenido, y posible incidencia en el ejercicio de sus competencias de gestión y servicios, de esas nuevas futuras normas que tramita el Ejecutivo autonómico, que en caso de rechazar las mismas tiene obligación legal de motivarlo debidamente, como garantía de respeto de los principios de lealtad institucional y del marco competencial legal de cada administración.

En desarrollo de esta importante función, que sin duda enriquece la redacción que finalmente tengan muchas de las normas autonómicas que entran en vigor y se aplican en nuestro territorio y a nuestra ciudadanía, durante estos más de 12 años de existencia del CAGL se han informado más de 600 proyectos normativos de toda índole, siendo destacable la labor intensa de mejora realizado respecto a Leyes tan relevantes como las recientes de Economía Circular o la de coordinación de Policías Locales, que tienden a adaptar la regulación a los nuevos retos ambientales y de seguridad que se han de afrontar en nuestros Municipios; Decretos de desarrollo de materias como el Reglamento de la LISTA; multitud de Ordenes que despliegan la distribución de la cooperación financiera entre la Administración autonómica y los Gobiernos locales mediante transferencias de fondos a ayuntamientos, diputaciones y Entidades Locales Autónomas (ELAs), como los Next Generation; subvenciones en temas específicos, y otras análogas); y variedad de Planes que ayudan a estructurar nuestro territorio.

Finalmente, Rodríguez Villalobos ha reconocido que “a bondad de la labor desarrollada por el CAGL es, por tanto, indudable. Y no solo como instrumento de mejora de la relación de colaboración entre administraciones y la producción de normas reguladoras de ámbitos diversos; si no como garante de una articulación de competencias plenamente respetuosa con la Legislación vigente, con lo que ello conlleva en cuanto a posibilitar una mayor seguridad jurídica de la ciudadanía receptora de esas normas, y también de una actuación administrativa y de unos servicios públicos de calidad, homogéneos en el territorio, y universalizados independientemente de donde se resida en Andalucía. Es lo que garantizan los Gobiernos locales y la colaboración de la Junta de Andalucía. Y es por ello por lo que debe apoyarse e incentivarse la actividad del CAGL”.