La delegada del Gobierno en Granada, Sandra García Martín, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Peligros, Roberto Carlos García Jiménez; el director general de Memoria Democrática de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Giráldez Díaz y el director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez López, han inaugurado hoy una jornada que ha tratado sobre los retos y el balance de la Memoria Democrática: el papel de lo local.

La sesión de trabajo ha abordado la “hoja de ruta” para la puesta en marcha de actuaciones en el marco de la Ley para los Ayuntamientos de Andalucía en esta materia. Esta jornada se enmarca dentro del Plan de Formación Continua de la FAMP que va destinado a los trabajadores y trabajadoras de la Administración local.

La delegada del Gobierno, Sandra García, ha asegurado que los ayuntamientos son “los mejores aliados para implementar políticas de cercanía que nos permitan avanzar en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”. “El Gobierno andaluz tiene una clara vocación municipalista, los ayuntamientos tienen un indudable papel transformador y de progreso y están llamados a ocupar un papel protagonista en la recuperación de nuestra memoria y en la dignificación de nuestra historia  reciente”.    

Por otra parte, el director general de Memoria Democrática de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Giráldez Díaz, ha hecho balance en su intervención sobre cómo se han ido desarrollando las políticas autonómicas en esta materia en los últimos veinte años en Andalucía, que han tenido entre sus principales hitos la aprobación de la ley autonómica en 2017.

En este sentido, y como resultado de del compromiso del Gobierno andaluz, Giráldez ha subrayado la importancia del I Plan Andaluz de Memoria Democrática, “que tiene como objetivo fijar un marco de referencia hacia el futuro. El PAMD sienta las bases de las políticas públicas para los próximos cuatro años (2018-2011), da cumplimiento al mandato expresado el art. 43 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y establece la necesidad de recoger en un marco estratégico las líneas de acción para las políticas de memoria democrática”.

El director general ha hecho hincapié asimismo en los ayuntamientos, “un agente clave para que las políticas de Memoria sean efectivas, la administración más cercana al ciudadano, y que en el PAMD ocupan un espacio central”. El trabajo de estos años ha sido intenso, “pero queda mucho por hacer, siempre con las víctimas como referente con el fin último de conseguir los demandados principios de verdad, reparación y garantías de no repetición”, apostilló.

Finalmente, el vicepresidente de la FAMP, Roberto Carlos García, subrayó que “los más de 30 años de democracia y autonomía en Andalucía permiten abordar y recuperar la Memoria Democrática ya que es la forma más firme de asentar la convivencia”. En este sentido, destacó que “se hace imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil y a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía tiene por objeto la regulación de la política pública para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, con el fin de garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer tanto la verdad de los hechos acaecidos como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, relativo al período que abarca desde la segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista,  la transición y hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En esta jornada se ha analizado el I Plan Andaluz de Memoria Democrática. El proyecto marca las líneas de las políticas públicas memorialistas de la Junta de Andalucía con una apuesta por la investigación y el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista con una mirada especial “a las mujeres”.

En los últimos ejercicios presupuestarios, las intervenciones en enterramientos ilegales con víctimas del franquismo partían de los 238.000 euros en 2017 y subieron hasta los 413.223,14 euros en 2018. En 2019 serán 1,1 millones de euros y subirán hasta los 1,4 millones de 2022. El presupuesto del plan de Memoria suma casi 9,5 millones de euros para un periodo de cuatro años. Es la primera vez que Andalucía confecciona un programa a largo plazo, al estilo del que puso en marcha el País Vasco.