La Comisión Permanente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por Fernando Rodríguez Villalobos y reunida el pasado miércoles en Sevilla, ha mostrado “la preocupación e incertidumbre” que puede suponer la aplicación efectiva de los procesos de regularización de viviendas irregulares previstos en el Decreto Ley. Sus costes correrán a cargo de los vecinos y vecinas si bien afectaran a las arcas municipales de los ayuntamientos que habrán de soportar elevados costes de urbanización para muchas de los más de 320.000 casos que se encuentran en esta situación en Andalucía.

La Permanente de la FAMP considera que las medidas parecen ir en línea con la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que esta tramitándose desde hace tiempo, en aras a la simplificación y agilización de trámites y planificación, y ello afecta de lleno a competencias locales. Por este motivo debe ser objeto de un riguroso estudio conjunto entre ambas administraciones para conseguir una regulación clara, garantista y eficaz que responda a los intereses y derechos de la ciudadanía.

El Decreto-Ley, publicado a finales de septiembre, persigue habilitar posibles soluciones urgentes a una importante bolsa de viviendas irregulares cuya legalización se vería imposibilitada por los plazos establecidos en el artículo 185 de la LOUA, utilizando, entre otras medidas, la figura de los Planes Especiales que son de competencia municipal. “Dado el carácter de urgencia” en su tramitación “no pudo manifestarse ni la FAMP ni el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) por lo que los intereses municipales no se han considerado.”

Villalobos ha destacado que “la problemática a la que se enfrentarán la mayoría de las corporaciones locales será de enorme diversidad y generará mucha casuística y necesidad de asesoramiento; y no se contempla asistencia técnica alguna a los ayuntamientos para habilitar las oficinas que deban recibir todas las solicitudes, lo que podría provocar el colapso de los servicios urbanísticos locales”.

Villalobos ha manifestado que “la posibilidad de que mediante Planes Especiales, sin necesidad de estar previstos o desarrollar Planes Generales, se puedan identificar y delimitar las edificaciones irregulares y adoptar las medidas pertinentes para la prestación de los servicios básicos que garanticen las condiciones mínimas de seguridad y salubridad de estas viviendas y su entorno, son sin duda bienvenidas”. En este sentido, ha mostrado “su preocupación del cómo se aplicará y si los servicios municipales podrán digerir el aumento de burocracia que pueda generar”; máxime considerando que la nueva normativa parece no contemplar medidas para financiar la tramitación de estos procedimientos.

Anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía

Villalobos ha vuelto a recordar la total disponibilidad y oferta de colaboración técnica de la FAMP a la Junta de Andalucía para seguir trabajando en el impulso de la tramitación del Anteproyecto de Ley, como siempre se ha venido haciendo, y solicitará a la Consejería competente el actual borrador para su análisis conjunto y alcanzar un consenso sobre este texto que sea respetuoso con las competencias de cada Administración y los derechos de la ciudadanía.