La secretaria de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha mantenido este pasado martes en la sede de la federación una sesión de trabajo con la presidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia de Andalucía (CEDDD-A), Rocío de los Reyes; y con la vicepresidenta de esta institución a nivel nacional, Mar Ugarte, con la finalidad de poner en marcha un acuerdo de colaboración interinstitucional para promover un panel de buenas prácticas en accesibilidad para los municipio andaluces.

El Consejo Español Defensa Discapacidad y Dependencia (CEDDD) es una asociación transversal, plural y libre, que integra sin exclusiones a personas, asociaciones, entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la inclusión de personas con discapacidad y en situaciones de dependencia además de mayores. La finalidad de esta institución es conseguir que toda la ciudadanía tenga la máxima igualdad, libertad, seguridad y autonomía para usar y disfrutar de todos los servicios municipales.

En el mismo acuerdo, la FAMP pretende trabajar con la CEDDD para que las corporaciones locales de Andalucía estén informadas de toda la normativa actual vigente en materia de accesibilidad, proporcionando cursos de formación a los técnicos o especialistas de los ayuntamientos para estar certificados en el conocimiento de esta materia.

Sáez ha destacado que “hoy es un día histórico” en el que los partidos políticos en el Congreso han decidido reformar el artículo 49 de la Constitución para reemplazar el término “disminuidos” por discapacitados” superando el primer trámite este martes y que, finalmente, será aprobado mañana.

La secretaria de la FAMP ha querido mostrar “el apoyo del municipalismo andaluz a esta iniciativa parlamentaria” recordando que la reforma el artículo 49 pasaría a estar compuesto por dos puntos. El primero recogería que “las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.

El segundo punto del texto recogerá que “los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”. 

“En esta nueva línea de trabajo, nos comprometemos con este gran colectivo que, hoy merece todo nuestro reconocimiento y agradecimiento, porque todos somos necesarios en la sociedad andaluza.” ha concluido.