El presidente de e la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha vuelto a referirse a la "inminente" autorización de la inversión del superávit local, que debe plasmarse en un decreto ley por parte del Gobierno, después de que así lo acordasen la FEMP y el Ministerio de Hacienda el pasado 26 de febrero en una reunión entre ambas instituciones.

El presidente de la FAMP ha dicho que confía en que esa inversión del superávit y la revisión del techo de gasto se lleven a un "acuerdo de máximos, donde se incluyan todas las demandas que el municipalismo viene haciendo en cada uno de los dos supuestos, tal y como le hemos detallado al secretario de Estado de Hacienda en una carta tras la reunión que se mantuvo el día 21".

Entre las demandas que refleja este escrito dentro de las medidas para la flexibilizacion de la aplicación del superávit, Villalobos reclama que se permita la puesta en marcha de programas que incentiven el empleo en los municipios, "siempre que éstos no consoliden gastos estructurales". También, señala la ampliación de inversiones a aquellos programas de competencia municipal y/o provincial, como por ejemplo, servicio de prevención y extinción de incendios, limpieza viaria y cementerios y servicios funerarios; que puedan incluirse inversiones destinadas a Educación, Cultura y Deporte, así como obra nueva por sustitución de alguna ya existente de titularidad municipal, como casas consistoriales o de la cultura.

Por último, aboga por permitir la adquisición de mobiliario, vehículos y enseres vinculados a competencias municipales y provinciales. En lo que respecta a las medidas para la flexibilizacion de la regla de gasto, la misiva enviada por Villalobos a Fernández de Moya solicita que las entidades locales que liquiden sus presupuestos por debajo del límite de gasto computable máximo permitido para un ejercicio en concreto, generando un mayor superávit del exigido, no deben ser perjudicadas por ello.

En esa línea, se solicita que en el ejercicio siguiente el crecimiento autorizado desde el Gobierno se calcule a partir del gasto computable máximo del ejercicio anterior, si éste no ha sido incumplido, puesto que si se parte de los importes liquidados y éste ha sido menor como consecuencia de un problema de gestión, "se reduce la capacidad de gasto sin responder a una disminución de su gasto estructural".

También se aborda la necesidad de incorporar ajustes en el cálculo de la regla de gasto, contemplando menor gasto computable de aquellos gastos que se deriven del cumplimiento de exigencias normativas, tales como el incremento salarial de los trabajadores públicos en los importes aprobados en la Ley de Presupuestos Generales, así como los incrementos de gastos derivados de la aplicación de la nueva normativa en materia de notificaciones aplicados a los servicios de recaudación.

Igualmente, menciona un menor gasto computable por las aportaciones de las entidades locales en concepto de cofinanciación a proyectos mayoritariamente subvencionados por otras administraciones públicas. Según señala Villalobos, "el municipalismo está a la espera de que el Ministerio cumpla con lo anunciado, pero que lo haga con un acuerdo de máximos, que reconozca todas las demandas que hemos enviado a la Secretaría de Estado". "Sólo de esa forma el Gobierno estaría reconociendo la buena gestión que, desde 2013, venimos haciendo los ayuntamientos y diputaciones, que mantenemos año tras año nuestros ejercicios con superávit y que sufrimos la imposibilidad de emplear en servicios para la ciudadanía un total de más de 23.000 millones de euros, a causa de las restricciones de la regla de gasto.

El presidente de la FAMP ha afirmado finalmente que "no queremos generar déficit. Solo emplear aquellos recursos que son nuestros en inversiones y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.