El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha informado a la Ejecutiva -reunida este pasado miércoles- sobre lo acordado con las entidades que representan al sector de la construcción, en el encuentro de trabajo realizado el 13 de abril en la sede de la Diputación de Sevilla, al que acudieron representantes de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), GAESCO y FADECO y en el que se abordó la preocupante situación provocada por la subida de los precios en la obra pública.

En esta reunión, motivada por la zozobra que han mostrado las alcaldías y el propio sector ante la fuerte subida de precios de las materias primas durante 2021, se acordó la creación de un grupo de trabajo bilateral para analizar el decreto autonómico y fijar la hoja de ruta con el fin de buscar soluciones a la aplicación de la norma en el ámbito local, de forma que se pueda revisar excepcionalmente los precios de los contratos de obra pública de carácter local. Dicha reunión tendrá lugar el próximo 26 de abril.

Rodríguez Villalobos ha subrayado, ante la Ejecutiva de la FAMP, “los efectos positivos” que la decisión adoptada por la Junta va a tener en las Entidades Locales, al permitir que éstas se puedan adherir a la norma andaluza y ha puesto varios ejemplos como, “la disminución de resoluciones de contratos de obra, una reducción importante de litigios entre contratistas y Ayuntamientos, y un mayor porcentaje de ejecución y finalización de los proyectos contratados”.

De igual manera, ha señalado que durante el año 2021 se ha producido una fuerte subida en el precio de las materias primas, “lo que ha provocado unos incrementos en los costes que no se contemplaban en el momento de la licitación de contratos públicos para la ejecución de múltiples proyectos. Esta situación está ocasionando como consecuencia inmediata enormes dificultades a los contratistas para ejecutar con normalidad los contratos adjudicados”

La Ejecutiva de la FAMP ha valorado “positivamente la medida excepcional” adoptada por el Gobierno de España y complementada ahora por el Decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía ya que “son soluciones justas y necesarias”, que van a posibilitar un impacto beneficioso para el sector y también para el conjunto de las Administraciones Públicas, incluidas los Ayuntamientos. “El objetivo de estas medidas es claro: evitar la paralización de las obras públicas en marcha que podría suponer, además, un varapalo para el empleo”, zanjó Villalobos.