El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha referido este martes a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Gobierno de España, afirmando que “el primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debería ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión; al tiempo que se debe hacer un uso eficiente de los recursos, en clave de gobernanza multinivel y multiactor”.

En este sentido, ha argumentado que una de estas medidas es la creación del “impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos”, un tributo que ya existe en numerosas Comunidades Autónomas aunque “con importantes diferencias regulatorias”, que unido a su inexistencia en algunas Autonomías, provoca el llamado “turismo de residuos; es decir que los residuos generados en una Comunidad Autónoma acaben siendo gestionados por otra donde no existe un tributo autonómico de dichas características o está configurado de una forma menos gravosa”.

Rodríguez Villalobos ha abundado que “en el caso de los residuos municipales, y dado que la recogida, transporte y tratamiento de los mismos corresponde a las entidades locales, éstas serán las contribuyentes del impuesto, siendo el hecho imponible la entrega de residuos para su eliminación en vertederos autorizados, de titularidad pública o privada, que gravará los residuos municipales con una cuota íntegra de 40 €/t si los residuos se entregan sin tratamiento previo, o de  30 €/t si se tratan de residuos previamente tratados procedentes de rechazos de residuos municipales”.   

De igual manera, ha adelantado que “el motivo de que la Ley 7/2022, de 8 de abril, prevé que las entidades locales establezcan, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”.

El presidente de la FAMP ha puesto de manifiesto “la preocupación generalizada que nos trasladan las entidades locales que gestionan la recogida de residuos municipales, dado que no han dispuesto de tiempo suficiente para rediseñar sus tasas para poder repercutirlo sobre las mismas en 2023, lo que supondrá que esta tasa sea financiada íntegramente por las Entidades locales”.  

Rodríguez Villalobos ha señalado que la recaudación de este impuesto supondrá - según cálculos estimados realizados por LIPASAM (Ayuntamiento de Sevilla) en torno a 120 millones de euros para Andalucía. De ahí que, desde la FAMP instemos al Gobierno andaluz a abrir un proceso de diálogo, en clave de “Buena Gobernanza Pública” que permita la reinversión en actuaciones municipales con carácter finalista de aquellos ingresos que ésta recibirá con cargo a la ley 7/2022, de 8 de abril.

En este sentido, ha abogado que este acuerdo “supondría un sano ejercicio que beneficiaría a la ciudadanía” de los municipios con proyectos que ayuden a una Andalucía más verde, cohesionada y más social. Para ello, “es necesario codiseñar las políticas públicas y las actuaciones locales contando con ayuntamientos y diputaciones, desde el conocimiento de las necesidades locales, ya que es la mejor respuesta para hacer de la economía circular la mejor aliada para el desarrollo local”, concluyó.

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