El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha reclamado este lunes "mecanismos de financiación" adicional para los municipios, después de constatar que la recaudación de los mismos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU, conocido como plusvalía municipal) se ha reducido cerca de "un 40 por ciento" durante 2022, por la nueva regulación derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló diversos artículos de la anterior normativa de dicho tributo.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha evaluado la situación de las entidades locales, después de que el 26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional dictase su conocida sentencia anulando varios artículos de la Ley de Haciendas Locales, referidos al sistema de determinación de la base imponible del citado impuesto, tras lo cual semanas después el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez emitió un Real Decreto-ley adaptando la Ley de Haciendas Locales a la citada resolución judicial.

La nueva regulación derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional, según Villalobos, "garantiza que los contribuyentes que no obtengan ganancia por la venta de un inmueble estarán exentos de pagar este impuesto", mejorando además "la determinación de la base imponible del tributo para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario".

LAS OPCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES

 Del mismo modo, la nueva regulación permite al contribuyente elegir entre dos opciones para la determinación de la cuota tributaria, una primera fruto de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes, "la denominada plusvalía objetiva"; y la segunda merced a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición en su momento, la llamada "plusvalía real".

En el caso de los ayuntamientos, la nueva regulación les atribuye "competencia para rebajar el valor catastral o los coeficientes, lo que también contribuye a que el impuesto refleje la realidad inmobiliaria", contando con un plazo que expiraba el pasado 10 de mayo de 2022 para la adaptación de sus ordenanzas fiscales municipales a la nueva norma derivada del citado decreto Ley.

En ese sentido, Rodríguez Villalobos ha manifestado que la actual regulación de este impuesto municipal "beneficia al contribuyente", pero a costa de una "fiscalidad de la que se nutren los ayuntamientos" para sufragar los servicios públicos que prestan a la ciudadanía. 

LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

Al respecto, y teniendo en cuenta el termómetro de los datos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación, que recauda las plusvalías de 78 de los 106 municipios sevillanos, Rodríguez Villalobos ha precisado que entre 2019 y 2021, con la anterior normativa reguladora de las "plusvalías municipales", dicho ente provincial practicó una media de 14.500 liquidaciones anuales de dicho impuesto municipal, con un "cargo medio" de unos 9,8 millones de euros cada año en favor de los municipios.

En 2022, según los datos esgrimidos por el presidente de la Diputación, el número de liquidaciones tramitadas por el Oapef respecto a las "plusvalías municipales" se redujo a unos 10.200 expedientes con un montante de unos seis millones de euros. "Es decir que hay una minoración en torno al 40 por ciento tanto en el número de liquidaciones como en el cargo generado", ha resumido. 

Es por eso que el presidente de la FAMP ha llamado a "subsanar" esa pérdida de ingresos de las entidades locales, "mediante mecanismos de financiación que deberán asumir otras administraciones", con un alza de la participación de los entes locales en los ingresos del Estado, la PIE, o en la participación en los tributos de la comunidad autónoma que tramita la Junta, la Patrica, según ha propuesto. "Esa es mi reivindicación", ha enfatizado Villalobos