El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha alertado este lunes sobre la creciente preocupación de los ayuntamientos andaluces ante la sobrecarga que están sufriendo los servicios municipales como consecuencia directa de la entrada en vigor del nuevo decreto de regulación administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España. 

Desde su aplicación, “nos están llegando quejas sobre un incremento inusual en la llegada de personas que acuden a las entidades locales en busca de información y asesoramiento para iniciar los trámites administrativos vinculados a esta nueva normativa. Esta situación está tensionando los servicios municipales, especialmente los Servicios Sociales Comunitarios que, en muchos casos, ya operan con recursos limitados”, aseguró Bellido.

Es por ello que el presidente de la FAMP, en nombre de todos los entes locales de Andalucía, ha advertido que esta carga adicional “puede alterar el normal funcionamiento de los ayuntamientos, afectando a la atención al conjunto de la ciudadanía y comprometiendo la capacidad de respuesta de la administración local en la prestación de sus servicios. Una administración que, sobra recordar, es la primera puerta de entrada al sistema público, y debe contar con los medios y recursos adecuados”. “Es importante poder medir el impacto real en los ayuntamientos, para poder dimensionar de forma equilibrada los recursos necesarios”, apuntó.

En este contexto, Bellido ha reclamado al Gobierno de España “directrices claras y coordinadas sobre los procedimientos a seguir, así como una dotación de recursos humanos, técnicos y económicos extraordinaria para hacer frente a esta situación”.

Asimismo, el máximo responsable de la FAMP ha subrayado la necesidad de que “la implementación de esta normativa no recaiga de forma desproporcionada sobre los entes locales”. De hecho, ha reiterado el compromiso de la administración local con la atención y la gestión responsable de la realidad migratoria, pero “es imprescindible una respuesta institucional coordinada, equilibrada y suficientemente financiada para garantizar un servicio público de calidad”.