El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha comparecido este martes en el Parlamento andaluz por escrito para valorar desde el punto de vista municipalista el Proyecto de Ley de Policías Locales de Andalucía.

En esta comparecencia, Rodríguez Villalobos ha subrayado que “los ayuntamientos demandan una Ley que posibilite un servicio de calidad a la ciudadanía y para ello se precisa de una adecuada financiación y que se atiendan las necesidades de gestión que plantea la prestación de este servicio de competencia local”. En este aspecto, ha recordado que se trata de un “Proyecto de ley de enorme importancia para el municipalismo andaluz, que es imprescindible que la FAMP sea oída en esta fase de tramitación parlamentaria, y que sean atendidos los planteamientos municipalistas, como titulares de la competencia sobre este servicio público”

Por ello, ha resaltado que “existe mucha preocupación entre los Gobiernos Locales andaluces ante la posibilidad de que esta futura Ley no recoja soluciones eficaces para poder articular mejoras organizativas que aseguren un servicio de calidad para la ciudadanía”, y ha reiterado las “cuestiones que desde primera hora se han venido poniendo de manifiesto por los alcaldes y alcaldesas desde que se empezó a plantear la revisión de esta Ley”.

De igual manera, ha explicado que ya en fase de Anteproyecto, y en el informe preceptivo que emitió el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales en junio de 2021, “desde el municipalismo se pidió el máximo respeto para regular un servicio que es competencia de los ayuntamientos, y cuya gestión precisa contar con medidas que garanticen dar un servicio de calidad, moderno y adecuado a los recursos existentes”.

Para ello, Rodríguez Villalobos ha recalcado que “es imprescindible aprovechar la Ley para respaldar la plena competencia de las alcaldías en la ordenación del servicio en su territorio, dotándolo de una adecuada financiación, que refuerce la estabilidad y permanencia de las plantillas estableciendo un periodo mínimo de 5 años de permanencia en el municipio donde se obtenga plaza de policía, disponer de figuras de auxiliares o interinas que faciliten el desarrollo de funciones sin armamento o la reordenación de la segunda actividad por edad para adecuarla a la posibilidad actual de jubilación anticipada de este cuerpo policial”.

El presidente de la FAMP ha puesto en valor “el gran esfuerzo realizado desde el municipalismo para consensuar esta Ley”. De hecho, ha recordado que, en el Consejo Andaluz de Concertación Local, órgano de relación al más alto nivel entre la administración autonómica y la local en Andalucía, se adoptó un acuerdo básico y de mínimos, que incluía la redacción de varios preceptos. Al mismo tiempo, se orientaba, a incluir una figura de flexibilización temporal de ejercicio de funciones sin armamento por parte de funcionarios municipales y la fijación del periodo de 5 años de permanencia en el municipio de obtención de la plaza. 

En este sentido, ha abundado que “estas cuestiones son irrenunciables, por lo que esperamos sean incluidas con la redacción acordada en el texto definitivo del Proyecto de Ley que se someta a la aprobación del Parlamento, ya que de no ser así se estaría denostando el valor de los acuerdos entre Administraciones al más alto nivel.  Y lo que es más grave, supondría aprobar una Ley que regula una competencia local sin atender lo que los Gobiernos Locales piden y reclaman”.

El presidente de la FAMP ha planteado también “como una cuestión fundamental”, la necesidad de contar con una suficiente y garantizada financiación por parte de la Junta de Andalucía, “para afrontar con garantías las nuevas obligaciones que la Ley supondrá para los ayuntamientos andaluces”. En esta línea, ha advertido que el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 192.7 que “cualquier atribución de competencias irá acompañada de la asignación de recursos suficientes”, principio que concreta la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de mayoría reforzada, que establece que “la Junta de Andalucía determinará, en todo caso, los recursos financieros y los medios personales, materiales y económicos en los casos de establecer nuevas obligaciones a los municipios mediante una Ley sectorial, como en este caso”

Finalmente, Rodríguez Villalobos ha considerado que “esta nueva Ley generará nuevas obligaciones que, al no ser garantizada su financiación, supondría un sobrecoste imposible de asumir por las muy maltrechas arcas municipales”; advirtiendo que con ello se correría el riesgo de que en Andalucía “existiesen servicios de policía desiguales según territorios, sobre todo en un tema importante como serán las nuevas obligaciones que entraña la nueva regulación de la creación de Cuerpos de la Policía Local”

Intervenciones de la alcaldesa de Benaoján y del alcalde de Gines

Ante la Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo y Simplificación Administrativa del Parlamento Andaluz, también han comparecido llevando la voz de los municipios andaluces, Soraya García, alcaldesa de Benaoján (Málaga) y Romualdo Garrido, alcalde de Gines (Sevilla).

Estos alcaldes han criticado que los regidores andaluces, la FAMP, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y el Consejo Andaluz de Concertación Local “han sido ninguneados hasta el momento durante la tramitación de esta Ley, ya que no han sido atendidas las propuestas municipalistas ni respetados los acuerdos que se han alcanzado en estos órganos”. 

Los primeros ediles de Benaoján y Gines han manifestado que les parece “inaudito que sigan existiendo desigualdades según los territorios, saliendo perjudicados con ello los pueblos más pequeños”. De la misma forma, han asegurado que con esta Ley “se incrementará el sobrecoste para las Administraciones locales al no garantizarse la financiación, que ahogará aún más a los ayuntamientos”.

Por ello, estos alcaldes han exigido que “es preciso garantizar la financiación” para prestar el mejor servicio posible y poder hacer frente a las nuevas obligaciones que impone la Ley ya que, “en esta ocasión no vamos a permitir aquello de que la Junta invite y los ayuntamientos paguen. Este tipo de situaciones deben acabarse, no debimos asumirlas durante la pandemia y no lo vamos a permitir ahora”. García y Garrido han pedido al Gobierno andaluz y al Parlamento “que sean valientes al legislar sobre competencias locales, que se tenga en cuenta las reivindicaciones municipalistas y, sobre todo, que se recojan en el texto final los acuerdos consensuados con anterioridad en el Consejo Andaluz de Concertación Local”.